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| - On Transparency International's 2021 Corruption Perceptions Index, Peru scored a 36 on a scale from 0 ("highly corrupt") to 100 ("highly clean"). When ranked by score, Peru ranked number 105 among the 180 countries in the Index, where the country ranked number 1 is perceived to have the most honest public sector. (en)
- La corrupción es uno de los principales problemas que enfrenta el Perú, por lo menos desde la última mitad del siglo XX, y es considerada como uno de los temas a tratar en el gobierno central (según Ipsos-El Comercio en 2020). Estos actos nacen desde el periodo tardío del virreinato, y se consolidan por la llamada «cultura de la viveza». (es)
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| - On Transparency International's 2021 Corruption Perceptions Index, Peru scored a 36 on a scale from 0 ("highly corrupt") to 100 ("highly clean"). When ranked by score, Peru ranked number 105 among the 180 countries in the Index, where the country ranked number 1 is perceived to have the most honest public sector. (en)
- La corrupción es uno de los principales problemas que enfrenta el Perú, por lo menos desde la última mitad del siglo XX, y es considerada como uno de los temas a tratar en el gobierno central (según Ipsos-El Comercio en 2020). Estos actos nacen desde el periodo tardío del virreinato, y se consolidan por la llamada «cultura de la viveza». El país, en el sentido económico, formuló su presupuesto desde mediados de siglo XIX; pero llevó diferentes cambios para establecer su Estado de Derecho, hasta que en Constitución de 1979 se entablaron garantías para su correcto funcionamiento entre autoridades. Debido a su economía de libre mercado individualista, actualizado en la Constitución de 1993 como neoliberal, la corrupción es percibida con tolerada por los ciudadanos. En el ámbito de funcionario público (autoridades), este se populariza en dos frases: «roba, pero hace obras» (en relación que las autoridades recurren a los sobreingresos económicos como estímulo en obras), y «otorongo no come otorongo» (en la impunidad en cometer actos contra las leyes). Además ocurre con trabajadores temporales con servidores públicos. Aunque una de las primeras redes de su tipo en instalarse ocurrieron en el virreinato de Manuel de Amat y Junyent, los escándalos continuaron en varios puntos de la historia nacional con pérdidas entre 1 a 6 puntos porcentuales del producto bruto interno.En algunos de ellos, Jorge Basadre, Manuel González Prada y otros más fueron críticos de la gestión de sus presidentes republicanos. Años después, ocurrió uno de los casos más notables en el siglo XX y parte del XXI con la red sistemática en el gobierno de Alberto Fujimori, mediatizada en el autogolpe de 1992, un año antes de la formación de aquella Carta Magna, con pérdidas casi multimillonarias por parte de la red criminal dentro del fujimorato. A pesar de contar una ley de acceso a la información, establecida en 2002, la permanencia de actos de poca o nula transparencia y la cultura del robo dificultan la lucha, lo que traen diversas consecuencias: Afecta en la calidad del ambiente de negocios con la extensión de la informalidad, debilita la calidad del ámbito político del país, y reduce la calidad de atención en los servicios del Estado (a ser los incentivos particulares sobre los competitivos). De haber acelerado oportunamente las políticas contra actos cuestionables desde la salida de Fujimori, se reduciría notablemente la pobreza (1800 dólares adicionales en el salario individual pudieron ganarse para 2022), lo que permitiría a la nación entrar a la lista de desarrollados. Para el año 2000, se realizaron reformas políticas para garantizar la fiscalización interna del país que duraron hasta 2002, cuando se notó una percepción negativa en sectores pobres del país. En 2021 se estimó pérdidas de más de 22 mil millones de soles. Además, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción indicó que en 2015 el 92 % de los alcaldes en el Perú son investigados por corrupción. La Contraloría General de la República es una de las entes fiscalizadoras en el control de la rendición de cuentas,lo que permite inspeccionar con mayor imparcialidad gracias a su autonomía. Sin embargo, dicha ente propuso en 2015 una serie de reformas para combatir la corrupción en conjunto: la competencia de la Sala Penal Nacional para investigar delitos graves contra la administración pública y eliminar el impedimento de que sean cometidos por una organización criminal, el traslado de todo el personal de las oficinas de Control Interno (OCI) a la planilla de la Contraloría, así como establecer alertas en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) con la finalidad de detectar movimientos sospechosos en las cuentas de las entidades públicas. (es)
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